Las diferencias se evidenciaron tras la polémica que generó el plan oficial para contener los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, en medio de una oleada de despidos y negocios en riesgo de quiebra.

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentara su plan para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, las cúpulas empresariales en el país realizaron una reunión virtual en la que se planteó la posibilidad de tomar medidas para exigir la renuncia formal del mandatario de acuerdo a los plazos legales.

Los empresarios denuncian que el plan del mandatario prioriza a los más pobres e incluye únicamente la entrega de créditos como medida para contrarrestar las pérdidas de las compañías, ante el confinamiento provocado por el coronavirus.

Un escenario político en el que la pérdida de empleos apunta hacia un desplome de la economía mexicana para finales de año. 

El plan de López Obrador

La polémica comenzó el domingo pasado, cuando el presidente López Obrador presentó el programa emergente para el bienestar y el empleo con el objetivo de atender la crisis económica derivada de la epidemia del coronavirus.

Durante la presentación de su plan, el mandatario mexicano indicó que “se otorgarán 2,1 millones de créditos personales, de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal de la economía“.

Pese a tratarse de un plan orientado a mitigar los impactos negativos en la economía, el anuncio de nuevos créditos fue la única medida en la que el presidente se refirió al sector empresarial.

Sin embargo, algunos dueños de negocios esperaban que se anunciaran medidas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales se encuentran en riesgo de quiebra. Algo que finalmente no ocurrió.

Así, mientras el Gobierno de México lucha por no endeudarse, la única alternativa para pequeños empresarios que ofrece la administración federal es precisamente la adquisición de deuda.

Todo esto, en un país donde el 60 % de la economía depende del sector informal.

El resto del plan de López Obrador se centró en otorgar más apoyos económicos a los sectores más vulnerables del país, aumentar la inversión pública y apretar más el cinturón del gobierno, en el marco de su política de austeridad.

El jefe del Ejecutivo también se comprometió a que dicho plan contribuya a crear 2 millones de nuevos empleos en nueve meses.

En su discurso, el presidente criticó la manera en que los gobiernos anteriores reaccionaban ante los momentos de crisis con una doctrina de “realismo económico” de corte neoliberal. Estas políticas, según el mandatario, incluían “contratar más créditos, rescatar a grandes empresas y bancos, convertir deudas privadas de unos pocos en deuda pública, establecer privilegios fiscales, aumentar precios de combustibles y de los servicios públicos, disminuir salarios, despedir a trabajadores, eliminar o reducir la seguridad social”.

Ya no es la misma receta. Ahora, primero es el bienestar del pueblo y después lo mismo, el bienestar del pueblo, y nunca jamás los privilegios, la corrupción, el saqueo y la impunidad”, sentenció López Obrador.

Los días siguientes, el presidente dijo no estar dispuesto a reducir la carga fiscal para el sector privado, ante la falta de recursos para atender la crisis, ya que la actual administración se ha negado a contratar más deuda.

Esto provocó que, días atrás, el gobierno emitiese un decreto para eliminar 281 fideicomisos público-privados sin reglas de operación, que durante años ejercieron recursos millonarios de manera opaca a través de diversos entramados legales que impedían la fiscalización, fomentando la corrupción.

Con ello, el Ejecutivo pretende “liberar” recursos por 250.000 millones de pesos (10.276 millones de dólares) para afrontar la crisis. Se preve que dicho dinero se utilice para mitigar el impacto financiero en la empresa pública Petróleos Mexicanos y pagar deuda pública para que esta no aumente, debido a la caída del peso frente al dólar. 

Ante las críticas del sector empresarial, el mandatario aseguró que muchos de sus detractores “ahora están molestos porque no estamos haciendo lo mismo”.

Un mensaje que hizo evidente el distanciamiento entre el presidente y las cúpulas empresariales, que ha existido desde el inicio de su administración, pero que se acentuó con la crisis económica por los estragos de la pandemia del covid-19.

La respuesta de los empresarios

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la organización empresarial más grande del país, respondió a través de un comunicado, publicado el 6 de abril, que las medidas del plan anunciado por el presidente resultaban insuficientes ante la magnitud de la crisis.

“Nos parece una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que enfrentamos”, aseguró el organismo, que aglutina a diferentes cámaras de industriales, banqueros y comerciantes.

El CCE señaló en su comunicado que, días atrás, habían presentado al presidente un plan para reactivar la economía. “Nuestras propuestas aún no han sido tomadas en cuenta“, reprocharon.

En este sentido, aseguraron que no están pidiendo ni reducción de impuestos, ni privilegios, ni concesiones, sino “sentar las bases para una recuperación inmediata”.

“Lo que queremos es incidir positivamente en las políticas públicas para el beneficio del país”, agregó el comunicado.

Pero el asunto no quedó ahí, ya que las cúpulas empresariales convocaron a una reunión virtual, que se hizo pública en internet, para discutir qué hacer ante la falta de apoyo gubernamental.Este encuentro dejó entrever el deseo de algunos empresarios para provocar la renuncia de López Obrador. 

“¿Crees que hemos llegado al punto de decirle a AMLO, corrige o te vas?”, preguntó un empresario no identificado al líder de la CCE, quien pidió esperar al 2021 para evaluar si el sector privado debe unirse para solicitar la revocación de mandato prevista en la ley, gracias a una reforma impulsada por el actual mandatario mexicano.

“Por más comunicados que ustedes puedan lanzar de que se vaya, el señor (López Obrador) tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática; y dentro de un año y pico, tendremos la posibilidad, porque así lo estableció ahora nuestro Congreso, de hacer una revisión democrática a un rechazo de mandato. Ahí es el momento. Si alguien cree que esa es la forma, por favor, organícense”, respondió Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, quien moderó la conferencia que juntó a más de 4.000 empresarios de todo el país.

“Nuestro trabajo es apoyar a las pequeñas y medianas empresas, salvar los empleos. ¿Creen ustedes que se va a lograr algo por salir y decir que se vaya? Si es lo que queremos, pues unámonos, nomás que tenemos que tener a 30 millones de mexicanos detrás de nosotros”, agregó Salazar Lomelín.

Y aunque los empresarios han asegurado que los apoyos al sector empresarial permitirían rescatar miles de empleos, dicho argumento sería cuestionado horas después por el presidente López Obrador y su gabinete.

Pérdida de empleos

En la conferencia de prensa matutina del miércoles, el Gobierno mexicano anunció que, a raíz de la crisis del coronavirus, se han perdido 346.878 puestos de trabajo entre el 13 de marzo y el 6 de abril.

La Secretaría del Trabajo, a cargo de Luisa María Alcalde, aseguró que las microempresas son “las que más han resistido y son más solidaridad frente a sus trabajadores”. Por el contrario, las grandes empresas, con más de 50 trabajadores, son las que han despedido a más personas. 

La dependencia también publicó una lista de compañías que presentan un “comportamiento atípico”, dando de baja a todas sus plantillas laborales y quedándose sin empleados.

Desplome de la economía

Algunas estimaciones señalan que la pandemia del covid-19 podría provocar en 2020 la mayor caída económica en décadas. Sin embargo, las estimaciones varían.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé una contracción del Producto Interno Bruto de hasta 3,9 % para finales de 2020, una cifra que coincide con la estimación de la calificadora Moody’s, que prevé un desplome del 3,7 %.

De acuerdo con el economista Luis Foncerrada Pascal, de la Universidad Anáhuac, la economía mexicana podría caer 11,25 % durante este año. Un desplome solo equiparable al que padeció el país hace 88 años, en 1932, cuando el Producto Interno Bruto mexicano se contrajo 14,8 % al sufrir las consecuencias de la Gran Depresión de EE.UU.

Una caída aún mayor del 5,3 % que registró el PIB en México durante 2009, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, tras los efectos de la crisis financiera global y la epidemia de influenza AH1N1.

Bank of America prevé una caída del 8 % mientras que JP Morgan una contracción de 7 %.

Una situación económica que ha evidenciado, una vez más, la polarización que existe entre los simpatizantes y detractores de López Obrador.