Nadie sanciona la venta ilegal en las comunidades de los ódami y los rarámuris, donde sí llega el alcohol pero no hay acceso a educación ni opciones para que los menores practiquen deportes o arte.

En cada calle del pueblo de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, enclavado en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, hay al menos dos expendios clandestinos de bebidas alcohólicas. Los niños del pueblo indígena ódami, de entre 8 a 10 años, acuden a esos lugares a comprar embriagantes. Nadie castiga a quienes se los venden.

Los menores se aficionan a la bebida, a la cerveza, sobre todo, cuando acuden a trabajar a los campos de amapola, señala la organización Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec).

Esa es una de las pocas actividades en las que los indígenas, se pueden emplear en la Tarahumara. Ahí nadie tiene reparo en admitir también a niños para el jornal. Una parte de la paga es con dinero y otra con alcohol, cuenta uno de los pobladores de Baborigame, a quien llamaremos Ángel para proteger su identidad.

Ahora que la pandemia de COVID dejó a los niños sin deberes escolares –allá en la Tarahumara no hay ni forma de cómo seguir las clases a distancia porque las familias no tienen computadoras, el internet es escaso y caro, lo mismo que los datos para celular– los hijos de Ángel quisieron emplearse en esos campos. “No les gustó que les quisieran pagar con alcohol, así que ya no fueron, pero pues otros niños sí aceptan ese pago y empiezan con la bebida”.

El poblador dice que una de las razones por las que en esos campos les pagan así, no solo a los menores sino a todos los trabajadores, es porque los mismos dueños de los plantíos tienen relación comercial con los depósitos clandestinos de venta de alcohol. Así logran tener más clientes.

Entre los meses de abril y julio es cuando hay trabajo en los campos de amapola y también se ve a más niños en estado de embriaguez. Después, buscan la forma de conseguir dinero para seguir comprando bebidas en los depósitos clandestinos.

“A veces los de aquí se van a otros pueblos y de otros pueblos se vienen para acá a comprar cerveza para que los papás no los vean y ahí en los depósitos les venden”, dice Ángel.

No hay inspectores que quieran ir a la Sierra Tarahumara a verificar lo que ahí sucede, por el clima de violencia impuesto por los grupos de narcotraficantes.

“No existe ningún control o sanción para quienes venden a los menores de edad que son víctimas de este comercio clandestino”, alerta Diana Villalobos, directora de la organización civil Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec).

Ángel cuenta que si la policía ve a los niños comprando no pasa nada y no ha habido hasta ahora una estrategia por parte de las autoridades ni municipales ni estatales ni federales que llegue a esos lugares para tratar la adicción al alcohol en menores o en adultos.

“No, acá no hay nada para quitar lo de la bebida, apenas si hay un hospital que inauguraron, pero no hay médico ni nada. Nomas hay una clínica del IMSS, donde atienden dos enfermeras y ya”.

Martín Ruiz comisionado estatal para la Atención de las Adicciones de la Secretaría de Salud del Gobierno de Chihuahua, aseguró a Animal Político que sí hay una estrategia en marcha contra el consumo de alcohol en menores en Guadalupe y Calvo, basada en dos instancias: el Comité Municipal de Salud y el Centro de Atención Primaria en Adicciones (Capa) de ese municipio.

Aunque admite que hasta ahora no ha habido un resultado contundente de las estrategias contra las adicciones en la zona por la misma lejanía y dispersión de las comunidades y por el consumo desde casa.

Por la distancia de la capital del estado (hasta nueve horas) y lo disperso de las comunidades es complejo operar una estrategia que no esté basada en instancias asentadas en los lugares, añade el funcionario.

Con el Comité Municipal de Salud se está integrando, explicó Ruiz, el Comité Municipal de Atención a las Adicciones, conformado por el presidente municipal, un médico y una trabajadora social del Centro de Salud más cercano a la presidencia municipal.

Este Comité se coordinará a su vez con el Capa de Guadalupe y Calvo, que hace labor preventiva, difundiendo información sobre los riesgos de las adicciones y capacitando a los profesores para que permeen este mensaje, y de atención al problema, a través de tamizajes con los que se identifica a menores que ya padezcan alcoholismo para darles un tratamiento ambulatorio.

Martín Ruíz culpa a los padres, a quienes señala de permitir y tolerar el consumo de alcohol en las festividades y de manera rutinaria y natural entre los menores. Aunque acepta también como problema la venta ilegal de alcohol.

Aunque es verdad que los ódami y los rarámuris (los dos pueblos indígenas que son mayoría en la zona) consumen alcohol, el tesgüino, en sus celebraciones tradicionales, en las que les permiten ingerir esta bebida a los menores, y aunque los niños crecen observando a su padres y a veces hasta a sus madres beber, porque en las comunidades indígenas ha venido creciendo la adicción al alcohol, en realidad los padres no les permiten a los hijos menores tomar, fuera de las celebraciones, “eso no se fomenta ni se permite”, asegura Ángel.

El poblado de Baborigame es la muestra de lo que pasa en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde hay 56 mil 130 habitantes, de acuerdo a datos del Inegi. El municipio es a su vez el ejemplo de lo que pasa en el resto de la Sierra Tarahumara, una extensa cadena de montañas que atraviesa de norte a sur el oeste de Chihuahua.

A Contec no le ha sido posible levantar un censo de todos los depósitos clandestinos donde se venden bebidas alcohólicas en la Sierra Tarahumara, compuesta por 13 municipios, ni del número de niños que las consumen. La extensa y compleja geografía del lugar, así como la violencia en la zona impiden desplegar ese tipo de trabajo. Las instancias de gobierno no han realizado tampoco un conteo así.

Lo que se sabe es lo que documentó la diputada local Blanca Gámez al presentar al Congreso del estado una iniciativa para castigar la venta ilícita de bebidas con contenido alcohólico y de su adulteración, que por ahora está estacionada en el legislativo.

En la exposición de motivos para sustentarla se señala que, de acuerdo a lo documentando en las conclusiones de la investigación de Resultados del Diálogo Intercultural para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Abuso Sexual y Violencia en Infancia y Adolescencia en Comunidades de Pueblos Originarios en Chihuahua, de fecha 29 de enero de 2020, hay un aumento en el consumo de alcohol y drogas en personas menores de edad.

“Se tiene conocimiento que los rarámuris tienen un consumo activo, que inicia desde los ocho años, y continúan con la mariguana. En Chihuahua, cuatro de cada 10 personas indígenas son adictas”, señala el documento.

Aunque Contec no tiene datos duros, por su trabajo de más de 20 años acompañando a las comunidades ódami y rarámuri de la Tarahumara, ha sido testigo de este problema. “En Baborigame, por poner ese ejemplo, hemos visto a los niños, de 8 o 10 años, consumiendo alcohol (…) gracias a la facilidad para acceder a todo tipo de bebidas, los niños indígenas de allá han desarrollado adicción al alcohol”, denuncia Villalobos.

Martín Ruiz dice que esperan bajar el índice de alcoholismo entre los niños, que hoy calcula entre 20 y 25% en municipios como Guadalupe y Calvo, a la mitad, 10%, en dos años. “Aunque todo es complejo, porque ahorita los 35 millones que teníamos para la estrategia de adicciones en todo el estado, todo se fue a lo de la pandemia, solo nos quedó la mitad de lo que nos daba la federación (9 millones), que se fueron a gastos administrativos: gasolina y todo eso”.

Sin oportunidades y con mucho crimen

Baborigame, un poblado a nueve horas de la capital de Chihuahua, es uno de los pueblos principales de Guadalupe y Calvo, municipio enclavado en lo que se conoce como el Triángulo Dorado para el cultivo y el trasiego de enervantes (Chihuahua, Durango y Sinaloa).

En Guadalupe y Calvo la gente siembra maíz y frijol, pero para el autoconsumo. Lo que se siembra en grandes cantidades, en estas zonas poco pobladas, de geografía complicada y poca vigilancia del Estado, son los enervantes. Antes de la legalización en Estados Unidos se sembraba marihuana, ahora se siembra amapola.

Los grupos del crimen organizado, que buscan dominar en la región, han tomado el control. En la Sierra Tarahumara, dice el diagnóstico de Contec, por décadas se han cometido delitos del fuero federal, como siembra y cultivo de enervantes, crimen organizado, portación de armas de uso exclusivo del ejército, tráfico de drogas, tala ilegal, entre otros; sin embargo, no hay agencias del Ministerio Público Federal ni existe presencia de agentes de la Policía Federal, quienes acuden más bien de manera esporádica a las comunidades. El Ejército es el que tiene mayor presencia en esta zona.

En 2018, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guadalupe y Calvo hubo 56 asesinatos dolosos en 2018; 58 durante 2019 y de enero a junio de este año 24 homicidios.

En los últimos años, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado aquí el desplazamiento interno forzado de la población por causa de la violencia. Entre 2016 y 2017, salieron de las localidades de El Cordón de la Cruz, Mesa Colorada y El Tepozán, 30 familias, alrededor de 138 personas. En otro poblado, en Maderas, salieron ese mismo año 500 personas, de acuerdo a reportes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Para los que se quedan en las comunidades de Guadalupe y Calvo no existen oportunidades de estudio ni de trabajo. Los empleos en las mineras, en el turismo, el comercio o los servicios están reservados para los mestizos con más estudios que los indígenas. A ellos les queda dos opciones, irse de su comunidad para buscar trabajo en los campos de manzana en Cuauhtémoc, en el mismo estado de Chihuahua, o más lejos, en los campos de cultivo de Sinaloa, o bien emplearse en la siembra de enervantes.

Hasta los niños lo hacen, en un intento por tener un poco más del dinero que pueden ganar sus padres. Al fin de cuentas –señala  Diana Villalobos, la directora de Contec–   tampoco hay para ellos actividades recreativas, deportivas o culturales, y las clases escolares, cuando las hay, se dan apenas dos o tres veces a la semana.

Los maestros duran poco en esta zona marcada por la violencia, y los que se animan a llegar a la sierra y aguantar en el puesto de profesor, se quedan unos días de la semana, dan unas pocas clases, y luego se van a sus casas en otros municipios.

“Hay niños que llegan a quinto de primaria y no saben ni leer”, dice Villalobos. El promedio de escolaridad en Guadalupe y Calvo, de acuerdo a datos del Inegi es justo ese: 5.4 años.

El acceso a servicios básicos es otro problema en el municipio: solo 71.67% de las viviendas tiene acceso a luz eléctrica; 54.07% no tiene drenaje; 94.24% usa carbón o leña para cocinar; 26% tiene piso de tierra y 12.67% no cuenta con agua entubada.

En Guadalupe y Calvo hay población tanto mestiza como indígena, pero ésta tiene las peores condiciones, y los mayores índices de falta de acceso a servicios.

Así pasa en Baborigame, los niños ódami tienen piso de tierra en sus viviendas, no tienen drenaje, muchos no tienen luz ni agua; la educación a la que tienen acceso es deficiente y deben pasar largas horas ayudando a sus padres en la siembra ya sea de maíz y frijol para el autoconsumo o en algunos casos de los enervantes para ganarse unos pesos. Una vida dura y de rezagos con fácil acceso al alcohol, que para ellos ya representa hasta una moneda de cambio por su trabajo.

Por eso, desde hace meses se le ha planteado a las autoridades la necesidad de enviar una iniciativa para regular esta situación, pero el asunto ha marchado lento.

En enero de 2020, Contec hizo llegar a la diputada Blanca Gámez una solicitud para que el Poder Legislativo haga una adición a la Ley General de Alcoholes para regular de manera clara, precisa la venta ilegal de alcohol, bebidas no registradas, venta a menores, el establecimiento de horarios, lugares de venta y también reformas al Código Penal para establecer sanciones al incumplimiento.

La diputada Gámez presentó en mayo pasado la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del estado, para tipificar como delitos la venta clandestina de bebidas con contenido alcohólico, así como su adulteración.

Las modificaciones serían al Artículo 157 Bis del Código Penal del estado de Chihuahua, para quedar como sigue: “A quien fabrique, venda, suministre o distribuya bebidas adulteradas con sustancias que pongan en riesgo la salud de la persona, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y de cien a quinientos días de multa”.

Además, se modificará el Artículo 157, Ter, que quedaría así: “A quien sin contar con la licencia o el permiso emitido por la autoridad facultada para ello o teniéndola, desacate las disposiciones contenidas en la Ley de Alcoholes de Chihuahua y su reglamento, se le impondrá prisión de seis meses a un año de cincuenta a doscientos días de multa. La misma pena se aplicará a quien expenda bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios permitidos por la Ley”.

Contec señala que asesores del Congreso del Estado de Chihuahua les informaron que está pendiente de estudio para hacer las adiciones correspondientes a la Ley.

Fuente y créditos: Animal Político